Periódico ContraParte, 3 de agosto de 2024.

El reciente pedido de Estados Unidos para que Bolivia extradite a Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas durante el gobierno de Evo Morales, ha generado un intenso debate en el ámbito político nacional. Iván Lima, ministro de Justicia y canciller interino, alertó que ciertos políticos deberían preocuparse, ya que la información contenida en los documentos estadounidenses podría «sorprender al país». Dávila, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de San Pedro desde 2022, es acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, además de ser investigado en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas.

Maximiliano Dávila saltó a la luz pública en 2022, cuando un informe de la DEA estadounidense lo vinculó con Omar Rojas, un exmayor de la Policía boliviana arrestado en Colombia por tráfico internacional de drogas. Dávila fue conocido por su cercanía con el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Carlos Romero, lo que añade un componente político significativo a su caso.

Este viernes, la Cancillería boliviana, respondiendo a una solicitud de una corte estadounidense, remitió el caso de extradición de Dávila al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá decidir si procede o no la extradición. Lima, en su rol de canciller interino, explicó que la solicitud se encuentra actualmente en manos de los nueve magistrados del TSJ, quienes tendrán la última palabra.

El proceso ha desatado una fuerte reacción en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), que ha acusado al gobierno de Luis Arce de colaborar con Estados Unidos para perjudicar políticamente a Evo Morales. Wilfredo Chávez, abogado del sector evista y exprocurador, denunció que detrás de la extradición de Dávila está la intención del Ejecutivo y la Embajada estadounidense de debilitar a Morales y ceder la soberanía boliviana, destacando que Estados Unidos no ha cumplido con el Tratado de Extradición al no devolver a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, acusados por las muertes de 2003.

A pesar de estas críticas, Lima insistió en que el caso de Dávila no es de naturaleza política, sino estrictamente jurídica. Subrayó que la información manejada por las autoridades estadounidenses es reservada, pero podría revelar detalles impactantes para la sociedad boliviana una vez que el TSJ inicie el análisis del caso y haga pública la documentación pertinente.

El desarrollo de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas, no solo para Dávila, sino para el entorno político que lo rodea, y podría desencadenar una serie de revelaciones que alteren el panorama político en Bolivia.