Chuquisaca, 12 de octubre de 2026.– El Ministerio Público inició una nueva actuación institucional en torno a la proposición acusatoria presentada contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, señalados presuntamente por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad.
El fiscal general del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que, tras el análisis de admisibilidad, comunicará a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de la fase de acumulación de antecedentes vinculada con la denuncia promovida por Tomasa Yarhui Jácome y otras personas.
De acuerdo con la información oficial, la solicitud fue recibida por la Fiscalía General del Estado el pasado 10 de octubre mediante buzón y será remitida al máximo tribunal de justicia este lunes 12 de octubre, como parte del procedimiento previsto para establecer si corresponde avanzar hacia un juicio de responsabilidades por hechos que habrían ocurrido durante el ejercicio de funciones de las exautoridades.
Urioste también acreditó formalmente su condición de fiscal general del Estado y pidió a los magistrados del TSJ que se le comuniquen las actuaciones, providencias y resoluciones que se emitan durante la tramitación del caso.
La intervención fiscal se enmarca en el procedimiento especial establecido por ley para el juzgamiento de presidentes y vicepresidentes por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la apertura de esta fase no constituye una declaración de culpabilidad ni significa que exista una acusación formal admitida para juicio.
El Ministerio Público precisó que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que las actuaciones deberán desarrollarse conforme a las disposiciones legales vigentes, mientras las denuncias permanecen sujetas a la verificación correspondiente.
El caso abre una nueva instancia judicial relacionada con dos exintegrantes del Ejecutivo nacional, aunque su avance dependerá de las actuaciones procesales y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
