lunes, septiembre 14 2026

Fiscalía ordena terapia psicológica para Ponciano Santos por insultos a la alcaldesa Eva Copa

Periódico Contraparte, 2 de octubre de 2024

La Fiscalía de El Alto ha instruido que Ponciano Santos, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y dirigente del ala «evista», se someta a terapia psicológica de rehabilitación por su comportamiento agresivo. Esta medida es parte del proceso judicial iniciado tras los insultos públicos dirigidos a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a quien Santos llamó «mujerzuela» en un acto público.

La información fue confirmada por Frank Campero, abogado de la alcaldesa, quien reveló que el fiscal Charly Calle emitió un requerimiento al Centro de Promoción y Salud Integral (Ceprosi) para llevar a cabo la terapia de modificación de conducta. «Requiere: Por el psicólogo personal proceda a realizar la terapia psicológica de rehabilitación y modificación de conducta agresiva en hechos de violencia en razón de género de: Ponciano Santos», se lee en el documento firmado por el fiscal Calle, según un reporte de Erbol.

La denuncia contra Santos fue presentada por Eva Copa bajo la figura de violencia política, un delito establecido en la Ley 348. Este requerimiento fiscal está basado en el artículo 31 de dicha ley, que establece la rehabilitación obligatoria para los agresores de género. Además, se advirtió que, una vez concluidas las sesiones de terapia, el centro de tratamiento deberá remitir un informe a la Fiscalía de El Alto. En caso de incumplimiento, Santos podría enfrentar cargos adicionales por desobediencia a la autoridad.

Campero, abogado defensor de la alcaldesa, expresó su confianza en que Ponciano Santos no solo será aprehendido por este caso, sino que también recibirá una condena que le impida ocupar cargos públicos en el futuro. «Es necesario que se establezca un precedente, para que figuras con antecedentes de violencia no puedan continuar en el ejercicio de funciones públicas», afirmó.

La medida impuesta por la Fiscalía marca un importante avance en la aplicación de la Ley 348, destinada a proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas, incluida la violencia política. Este caso no solo pone de relieve las tensiones políticas dentro del MAS, sino que también refuerza la importancia de respetar la integridad de las autoridades femeninas en el país.

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