PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 2 de junio de 2026

La Gobernación de La Paz oficializó este martes la declaratoria de emergencia sanitaria y humanitaria en todo el territorio departamental. La determinación responde al crítico escenario derivado de casi un mes de persistentes bloqueos de carreteras, una situación que ha bloqueado el traslado regular de productos alimenticios, fármacos, combustibles y oxígeno de uso clínico, y que ahora suma la amenaza del desborde de desechos sólidos en los centros urbanos de La Paz y El Alto.

El dictamen quedó plasmado en un decreto firmado por la máxima autoridad departamental, Luis Revilla, mediante el cual se ordena la ejecución de tareas excepcionales para precautelar el acopio y distribución de los elementos de primera necesidad para los habitantes. La normativa prioriza de manera urgente el flujo continuo de oxígeno hacia la red de nosocomios, el diseño de vías seguras de transporte y la fiscalización constante del stock de medicamentos en los centros médicos.

A nivel operativo, la medida faculta al Servicio Departamental de Salud (Sedes) a efectuar de manera inmediata la contratación y adquisición directa de bienes y prestaciones logísticas sin requerir los trámites ordinarios de licitación. Paralelamente, se dispuso la reasignación de personal técnico y recursos financieros para mitigar el impacto del cerco caminero.

En el ámbito medioambiental, el panorama se torna complejo. El secretario de Protección a la Madre Tierra, Gabriel Pari Flores, advirtió que la falta de recojo de basura representa un peligro epidemiológico inminente debido a la generación diaria de entre 850 y 900 toneladas de residuos en El Alto, y de 600 a 650 toneladas en la sede de gobierno. La autoridad lamentó que, pese a los requerimientos formales, los gobiernos municipales de ambas ciudades aún no han remitido sus planes de contingencia para el tratamiento de los desechos.

Pari alertó que la permanencia de los desperdicios en las calzadas estimula de manera directa la multiplicación de moscas, roedores y otros vectores biológicos capaces de transmitir patologías a los ciudadanos, además de deteriorar el entorno urbano. Ante esto, se confirmó que el gobernador Revilla inició tratativas directas ante el nivel central del Estado con el propósito de asegurar un cupo preferencial de combustible para las flotas de las firmas recolectoras, buscando evitar un cese total de sus actividades operativas. La vigencia de este estado de excepción se fijó por un lapso de 90 días calendario.