A tres meses de iniciado el gobierno del presidente Rodrigo Paz, el proceso de reestructuración del servicio exterior boliviano enfrenta serias dificultades, marcadas por la falta de designación de nuevos embajadores y la permanencia de funcionarios protegidos por certificados de inamovilidad, según reveló el canciller Fernando Aramayo.

La autoridad informó que todos los embajadores del anterior gobierno fueron retirados de sus cargos respetando los derechos laborales, y que actualmente las representaciones diplomáticas del país operan con personal mínimo para garantizar la atención a los connacionales en el exterior. Bolivia cuenta con 38 misiones diplomáticas y más de 50 consulados alrededor del mundo.

No obstante, Aramayo advirtió que la renovación institucional se ve obstaculizada por lo que calificó como una “epidemia” de certificados de inamovilidad funcionaria. De acuerdo con el canciller, numerosos funcionarios habrían recurrido a figuras legales como embarazos o tutorías de personas con discapacidad para evitar su relevo, una práctica que —según afirmó— está siendo revisada por el Gobierno.

“El Estado no puede quedar paralizado por artimañas que buscan perpetuar cargos”, sostuvo la autoridad, al señalar que estas situaciones están siendo gestionadas dentro del marco legal vigente.

A este escenario se suma una deuda salarial superior a 1,5 millones de dólares, atribuida a la administración anterior, lo que complica aún más la transición en el servicio exterior y limita la capacidad operativa del actual gobierno.

Mientras tanto, la designación de nuevos embajadores continúa pendiente de la aprobación del Senado, en un contexto en el que el Ejecutivo busca reordenar la política exterior y superar los problemas administrativos heredados.