El Gobierno boliviano anunció este lunes que solicitará información complementaria a Estados Unidos y activará mecanismos de investigación sobre las personas mencionadas en la reciente lista de funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones migratorias de ese país.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el Ejecutivo procesa de manera permanente información de inteligencia y que, a partir de la publicación estadounidense, se profundizarán las indagaciones para determinar si existen elementos que ameriten acciones dentro de Bolivia.
“Nosotros procesamos todo tipo de información y solo la damos a conocer cuando tenemos evidencias concretas”, señaló Oviedo, quien anunció que se requerirá información adicional a las autoridades estadounidenses y que las investigaciones podrán involucrar a diferentes órganos del Estado.
El ministro confirmó además que el coronel Frans William Cabrera, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), fue retirado de la Policía Boliviana y pasó a la letra E la semana pasada. Según Oviedo, el exjefe policial será sometido a una investigación interna.
Respecto al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuyo nombre también aparece en las medidas anunciadas por Washington, Oviedo indicó que se gestionará, mediante la Cancillería, el acceso a la información que sustenta la decisión estadounidense.
El titular de Gobierno remarcó que la administración de Rodrigo Paz mantiene como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico y afirmó que Bolivia continuará coordinando acciones con Estados Unidos y sus agencias.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que las medidas anunciadas por Washington corresponden a una política migratoria de Estados Unidos y afirmó que no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra Bolivia.
Aramayo recordó que el Gobierno planteó como política de Estado combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo, y mencionó entre las acciones desarrolladas la captura de Sebastián Marset y de otros presuntos integrantes de organizaciones criminales.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, también calificó de graves las acusaciones divulgadas desde Estados Unidos y señaló que corresponde solicitar información mediante las instancias competentes.
Justiniano destacó además la necesidad de diferenciar entre las acusaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y la defensa de las instituciones democráticas, señalando que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y respetando el debido proceso.
¿Qué anunció Estados Unidos?
El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó este lunes restricciones de visa contra funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú, dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
En el caso boliviano figuran, entre otros, el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima, el magistrado constitucional Israel Campero, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el coronel Frans William Cabrera. Estados Unidos sostiene que las medidas están dirigidas contra personas a las que acusa de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico.
En el caso particular de Mariaca, el Departamento de Estado formuló acusaciones específicas relacionadas con presuntos sobornos y favorecimiento de actividades del narcotráfico. Esas afirmaciones corresponden a la posición oficial de Washington y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.
Ante este escenario, el Gobierno de Paz anunció que buscará conocer los elementos que sustentan las medidas estadounidenses y que profundizará las investigaciones internas antes de establecer eventuales responsabilidades.
La controversia abre ahora un proceso de solicitud de información y verificación de los señalamientos, mientras las autoridades bolivianas aseguran que cualquier acción deberá desarrollarse dentro del marco de la legislación nacional y con respeto al debido proceso.
