PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 9 de junio de 2026
La crisis político-social del país ingresó a un escenario de confrontación institucional de alta gravedad. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes de manera categórica que las recientes determinaciones y llamados de las cúpulas evistas para cercar y tomar físicamente las instalaciones militares y policiales confirman que el Estado Plurinacional no enfrenta un pliego de demandas sociales, sino una «conspiración financiada por el narcoterrorismo» orientada a derrocar la gestión presidencial y subvertir el ordenamiento constitucional vigente.
El pronunciamiento de la autoridad del área de seguridad interna se dio en el marco de una conferencia de prensa de emergencia, convocada poco después de que el expresidente Juan Evo Morales aseverara públicamente que diversas unidades castrenses del departamento de La Paz se encuentran rodeadas por civiles movilizados, asegurando que tiene reportes de que los jefes de escuadrón decidieron acuartelar a sus tropas. “Quiero referirme a la orden que dio Evo Morales Ayma de rodear unidades militares y policiales para que estas sean tomadas por el narcoterrorismo. Esto reafirma la tesis y la declaración del Gobierno boliviano”, sentenció Oviedo, haciendo eco de una entrevista radial donde el líder cocalero afirmó que sus bases le sugirieron intensificar los cercos viales bajo la premisa de que “los tanques ya no disparan”.
La lectura técnica del Ministerio de Gobierno asocia estos hechos con un diseño de guerra asimétrica ejecutado de manera sistemática a lo largo de las últimas semanas para provocar un vacío de poder. De acuerdo con el mapeo estratégico presentado por la autoridad, los sectores leales a Morales mantienen bajo asedio los históricos regimientos Ingavi, Calama, Ayacucho, Murillo, Lanza y Guaqui, mientras que el exmandatario detalló que solamente tres unidades acantonadas en el municipio de Viacha permanecerían provisionalmente libres de bloqueos civiles.
Este cruce discursivo coincide con la cuadragésima jornada de parálisis en las carreteras nacionales y con el arribo masivo a la sede de gobierno de centenares de productores agrícolas y campesinos procedentes del trópico de Cochabamba y del norte del departamento de Potosí. Los contingentes marcharon con el objetivo de sumarse al cerco que los afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Túpac Katari sostienen en el área metropolitana para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz Pereira. La tensión se agrava en las provincias tras el anuncio de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré de ocupar los cuarteles del Chapare en rechazo a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, una amenaza que el Ejecutivo prevé neutralizar mediante los mecanismos de legalidad y fuerza institucional que otorga la Constitución Política del Estado.
