El Gobierno nacional, junto al Órgano Judicial, el Ministerio Público y autoridades regionales, acordó fortalecer una estrategia conjunta para enfrentar los avasallamientos de tierras, una problemática que, según coincidieron las autoridades, se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad jurídica y al desarrollo económico del país.

Durante una reunión interinstitucional realizada en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz afirmó que en Bolivia no existe espacio para estructuras ilegales que operen al margen de la ley y aseguró que su administración actuará con firmeza para proteger la propiedad privada adquirida de manera legal y a los sectores productivos que generan empleo.

“El respeto a la propiedad privada es un derecho constitucional y una base esencial para la inversión, la producción y la paz social”, sostuvo el mandatario, al advertir que la inclusión social no puede confundirse con impunidad ni con prácticas que dañen al aparato productivo nacional.

En el encuentro participaron ministros de Estado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el fiscal departamental, Alberto Zeballos; autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y representantes del sector agropecuario.

En ese marco, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, propuso la creación de un plan de acción contra los avasallamientos sustentado en cuatro pilares: un análisis técnico-jurídico de los casos, la recuperación efectiva de tierras mediante mecanismos legales, el fortalecimiento institucional del sistema judicial y una hoja de ruta interinstitucional que garantice el respeto al debido proceso.

Ruiz advirtió que los avasallamientos ya no son hechos aislados y que su impacto trasciende a Santa Cruz, afectando la producción y la seguridad jurídica a nivel nacional. “Solo una justicia que actúe conforme a la ley puede ofrecer soluciones sostenibles y definitivas”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Camacho anunció que se preparan acciones coordinadas con la Policía y las Fuerzas Armadas para ejecutar desalojos en predios avasallados, como parte de una estrategia integral orientada a la defensa de la propiedad privada y la protección de áreas productivas y ambientales.

La reunión concluyó con el compromiso de las instituciones participantes de avanzar en una coordinación permanente para enfrentar una problemática que continúa generando tensión social y económica en distintas regiones del país.