La controversia en torno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se intensifica. Gregorio Gómez, ex presidente del Comité Cívico de El Alto, ha anunciado su adhesión a la denuncia penal presentada contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen Tapia, y representantes de la empresa Board Trading, así como a exfuncionarios y funcionarios de la estatal petrolera, por presuntos contratos lesivos al Estado que habrían generado un millonario daño económico.
El consorcio de abogados que respalda esta demanda ha expresado su firme compromiso con la causa. «Nos parece que se ha lesionado al Estado con los contratos lesivos», afirmó uno de los representantes legales, subrayando la importancia de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. «Nuestro deber como abogados y profesionales es continuar con esta demanda y por ende las instituciones judiciales deben admitir la misma y en función a cumplir una sanción», sentenció.
La denuncia penal contempla una batería de al menos siete delitos graves, entre los que se destacan:
- Uso indebido de influencias
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
- Contratos lesivos al Estado
- Incumplimiento de deberes
- Enriquecimiento ilícito
- Falsedad material
- Falsedad ideológica
- Obstrucción a la justicia
- Conformación de asociaciones ficticias o simuladas
La implicación de Armin Dorgathen Tapia y la empresa Board Trading en esta denuncia, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de YPFB, eleva la magnitud del caso, que ahora buscará la admisión judicial para que se investigue a fondo y se determinen las responsabilidades correspondientes.
