Periódico Contraparte, 20 de mayo de 2025.
La tensión diplomática podría escalar luego de que la Cámara de Senadores de Bolivia aprobara una Minuta de Comunicación que pone en la mira a la Embajada de Brasil en La Paz. Tres exempleados de la misión diplomática denuncian haber sido despedidos de forma injustificada y exigen el cumplimiento de sentencias laborales emitidas por la justicia boliviana, que hasta hoy siguen sin ejecutarse.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Olga Duchen de Martínez, quien fue apartada de su cargo el 9 de mayo de 2013 por decisión del entonces Primer Secretario Kaiser Araujo. El argumento, según denuncia Duchen, fue su edad y presuntas inconductas que nunca fueron demostradas en juicio. Años después, obtuvo una sentencia favorable en calidad de cosa juzgada, que obliga a su reincorporación y al pago de salarios devengados. Sin embargo, la Embajada de Brasil ha ignorado la orden judicial.
A esta denuncia se suman las de Saddan Mario Cañaveral Ulloa y Lucía Vargas, también extrabajadores de la embajada, quienes aseguran haber sido despedidos sin causa entre 2013 y 2021. Ambos demandan ser restituidos en sus puestos y recibir el pago correspondiente por los años de trabajo no remunerados.
Lo que agrava la situación es que los representantes diplomáticos brasileños, amparándose en la inmunidad diplomática, han eludido hasta ahora las decisiones de la justicia laboral boliviana. Sin embargo, expertos recuerdan que este principio del derecho internacional no los exime de respetar la legislación laboral del país anfitrión.
La Minuta de Comunicación aprobada por el Senado boliviano fue dirigida a la canciller Celinda Sosa Lunda, solicitándole que informe de manera oficial al Gobierno de Brasil sobre estas demandas laborales pendientes. El objetivo es presionar, por la vía diplomática, para que se cumplan los fallos judiciales y se respeten los derechos de los trabajadores bolivianos.
Los denunciantes afirman haber esperado justicia por más de una década, y ahora, con el respaldo del Órgano Legislativo, confían en que la presión política logre lo que la vía judicial no ha podido: que la Embajada de Brasil en Bolivia respete las leyes laborales vigentes y repare el daño causado.
