Una decisión judicial emitida este viernes dejó sin efecto las órdenes de aprehensión que pesaban sobre el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, en medio de un escenario marcado por bloqueos y tensión social en diferentes regiones del país.

La determinación fue asumida tras una audiencia en la que el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer concedió una tutela dentro de una acción de libertad presentada por los dirigentes, anulando las medidas que habían sido emitidas en su contra.

La resolución surge en un momento de creciente conflictividad, cuando diversos sectores mantienen medidas de presión y exigen garantías para participar en eventuales espacios de diálogo con el Gobierno. Según declaraciones realizadas durante la jornada por autoridades nacionales, la anulación de las órdenes de aprehensión era uno de los principales planteamientos de los movilizados para considerar un acercamiento con el Ejecutivo.

Sin embargo, pese a la decisión judicial, las perspectivas de diálogo siguen siendo inciertas. Organizaciones afines a la COB y sectores vecinales de El Alto sostuvieron reuniones durante esta jornada y resolvieron no participar por el momento en una mesa de negociación, además de anunciar el fortalecimiento de las medidas de presión.

Mientras tanto, la situación mantiene en alerta a distintos sectores económicos y sociales que observan con preocupación los efectos de los bloqueos sobre el abastecimiento, el transporte y las actividades productivas.

La anulación de las órdenes de aprehensión modifica el escenario jurídico de los dirigentes involucrados, aunque el conflicto social continúa abierto y sin una solución inmediata a la vista.