El Gobierno activó un operativo preventivo con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ante el bloqueo instalado por productores de la provincia Marbán en inmediaciones del puente San Pablo, en la carretera que conecta Beni con Santa Cruz.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que, pese al despliegue estatal, la prioridad es encontrar una salida mediante el diálogo y evitar que el conflicto derive en mayores medidas de presión.
Como parte de esta estrategia, una comisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se trasladará hasta el punto de bloqueo para establecer contacto con los productores y buscar alternativas frente a sus demandas.
Justiniano sostuvo que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero remarcó que las movilizaciones deben desarrollarse dentro de los límites establecidos por la normativa y sin impedir la circulación de otros ciudadanos.
“No vamos a permitir los bloqueos en ninguna parte del país”, afirmó la autoridad, al señalar que el Estado tiene la responsabilidad de preservar el libre tránsito en las carreteras nacionales.
El ministro también informó que las autoridades realizan un trabajo de identificación de las personas que estarían convocando a las medidas de presión. Aclaró que cualquier acción posterior deberá desarrollarse mediante el debido proceso y conforme a las competencias de la justicia.
En paralelo, Justiniano confirmó el despliegue preventivo de personal militar y policial en la zona. Según explicó, la presencia de las fuerzas del orden busca garantizar la transitabilidad y evitar una escalada del conflicto.
La autoridad indicó además que algunos vehículos estarían logrando atravesar el punto de protesta, aunque reconoció que la medida continúa afectando la circulación por esta importante vía.
Reclamo por el precio del diésel
La protesta fue instalada en rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema para la comercialización del diésel destinado a determinados grupos de compradores. Los productores exigen la abrogación de la norma.
El decreto establece un precio referencial de Bs 18 por litro para consumidores que superan los 120 litros mensuales, con un valor sujeto a las variaciones del mercado internacional.
Ante el rechazo generado por la medida, el Gobierno anunció que revisará el contenido del decreto. El ministro de Economía, Christian Morales, informó que antes de considerar una eventual abrogación se plantean modificaciones, entre ellas cambios en el mecanismo utilizado para calcular el precio del combustible.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, también había señalado que la normativa podría ser modificada o incluso abrogada.
Mientras continúa la negociación, el Gobierno insiste en que las demandas sean canalizadas mediante protestas pacíficas y mantiene el despliegue preventivo de las fuerzas del orden para evitar la interrupción total de la ruta Beni–Santa Cruz.
