PERIÓDICO CONTRAPARTE / Oruro, 5 de junio de 2026

Un quiebre definitivo en la representatividad sindical del área rural se consolidó en las últimas horas. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (Fsutco) emitió un pronunciamiento oficial para desmarcarse de manera categórica de la convocatoria a un «cabildo nacional» programado para las 14:00 horas de este viernes en el municipio de Caracollo por facciones afines al expresidente Evo Morales. Asimismo, la entidad matriz anunció el inicio de acciones legales contra los promotores de la cita por la utilización no autorizada de su sigla institucional.
A través de un comunicado escrito emitido por su directiva, la organización gremial que aglutina a las 16 provincias del departamento de Oruro aclaró que no ha convocado, avalado ni coordinado de ninguna forma la concentración en dicha localidad intermedia. “La Fsutco no ha convocado, autorizado ni coordinado el supuesto cabildo programado para hoy, por lo que deslinda toda responsabilidad sobre su organización, desarrollo, resoluciones o determinaciones”, puntualizó el documento oficial.
De acuerdo con el análisis de la estructura sindical vigente, la iniciativa política está siendo impulsada por exdirigentes que fueron previamente expulsados, observados o vetados de los cuadros de representación orgánica por incurrir en faltas disciplinarias. La Fsutco remarcó que estas personas carecen de todo mandato legal y legitimidad de bases para emitir declaraciones o asumir determinaciones en nombre de la federación departamental, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) o de las bases afiliadas.
En esa misma línea de conducción institucional, la dirigencia orureña rechazó cualquier nexo con la agrupación denominada “Pacto de Unidad Obrero Campesino Indígena”, recordando que las únicas decisiones válidas para el sector son las que emergen de los canales orgánicos reconocidos por la Csutcb y la Central Obrera Boliviana (COB). La organización criticó severamente lo que consideró una instrumentalización partidaria de las carencias del agro en el contexto de crisis actual, sentenciando que las reivindicaciones populares deben germinar desde las bases comunitarias y no responder a agendas particulares de facciones que buscan protagonismo coyuntural.




