La reforma parcial de la Constitución Política del Estado enfrenta un nuevo obstáculo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente Edmand Lara advirtió que no convocará a una sesión para tratar modificaciones a la Carta Magna mientras permanezca vigente el estado de excepción, medida que fue decretada para hacer frente a los 53 días de bloqueos y que actualmente tiene vigencia hasta el 18 de septiembre.
“Constitucionalmente hablando, no se puede tratar reformas a la Constitución en estado de excepción”, afirmó Lara, al remarcar que, desde su posición como presidente nato de la ALP, no habilitará una sesión destinada a iniciar ese proceso mientras continúe vigente el régimen excepcional.
La advertencia coloca al Legislativo ante un escenario de tensión institucional, debido a que el Gobierno de Rodrigo Paz impulsa una agenda de reformas que contempla cambios vinculados con la inversión extranjera, la administración de justicia y otros aspectos de la estructura del Estado.
El artículo 140 entra en escena
El argumento de Lara se sustenta en el artículo 140, parágrafo III, de la Constitución, que establece que “la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”.
La disposición ya había sido observada por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado, quien advirtió sobre la incompatibilidad entre ambos procesos.
Pese a esa advertencia, durante la semana pasada surgió un preacuerdo entre ambas cámaras de la Asamblea para encaminar un proyecto de ley destinado a promover reformas constitucionales.
Ahora, la posición del vicepresidente introduce una interrogante central: ¿cómo podrá avanzar la reforma si el estado de excepción se amplía?
Comisión aprueba ampliar la medida
El escenario se complicó este viernes. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral que plantea autorizar la ampliación del estado de excepción por otros 90 días.
La propuesta deberá continuar su trámite legislativo y, de prosperar, extendería considerablemente el periodo durante el cual, según la interpretación expresada por Lara, no podría iniciarse una reforma constitucional.
De esta manera, dos agendas impulsadas dentro del mismo aparato estatal podrían quedar enfrentadas: por un lado, la intención de avanzar con modificaciones a la Constitución; por otro, la decisión de mantener vigente el régimen excepcional.
Lara pone una condición
Lara dejó claro que no se trata simplemente de una diferencia política, sino de una limitación que considera establecida directamente por la Constitución.
“Yo no puedo convocar a una sesión para reformar la Constitución en estado de excepción. La Constitución me lo prohíbe”, reiteró.
Según su explicación, una vez concluido el estado de excepción, el Órgano Ejecutivo deberá presentar un informe ante la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento, corresponderá al Legislativo evaluar la situación y definir los siguientes pasos.
Eso significa que, bajo la posición expresada por Lara, la reforma constitucional quedaría supeditada al levantamiento del estado de excepción y al cumplimiento de las etapas posteriores previstas por la normativa.
Un nuevo frente dentro del Gobierno
La controversia abre además un nuevo frente político entre las principales autoridades del Estado.
El presidente Rodrigo Paz planteó la necesidad de impulsar leyes estructurales y una eventual reforma parcial de la Constitución como parte de su agenda de transformación institucional y económica.
Lara, en cambio, sostiene que no permitirá que ese proceso se active mientras permanezca vigente el estado de excepción.
La situación adquiere mayor relevancia porque el propio Gobierno ha planteado la posibilidad de ampliar la medida excepcional, mientras desde la Asamblea existen sectores que cuestionan su continuidad.
La contradicción que ahora debe resolver la Asamblea
El debate deja planteada una contradicción política y constitucional que deberá ser resuelta por el Legislativo.
Si el estado de excepción concluye el 18 de septiembre, la Asamblea podría concentrarse posteriormente en los proyectos de reforma, siempre que se cumplan las condiciones constitucionales y procedimentales correspondientes.
Pero si la medida es ampliada por 90 días, como propone la Comisión de Justicia Plural, la iniciativa de reforma constitucional quedaría enfrentada a la prohibición establecida en el artículo 140, según la interpretación sostenida por Lara.
Así, la discusión sobre la reforma ya no gira únicamente alrededor de qué artículos modificar.
Ahora la primera pregunta es otra:
¿Puede comenzar la reforma constitucional mientras el país permanece bajo un estado de excepción?
La respuesta a esa interrogante podría definir el futuro inmediato de una de las principales propuestas políticas del Gobierno de Rodrigo Paz y, al mismo tiempo, profundizar el pulso entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
