El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, exteriorizó la posición institucional del Órgano Judicial respecto a la declaratoria de Estado de excepción. La máxima autoridad de la judicatura boliviana manifestó su pleno respeto a las medidas administrativas adoptadas por el nivel central del Estado.
Saucedo precisó que la administración de justicia mantendrá un rol de estricta sujeción constitucional, evitando inmiscuirse en las facultades operativas y políticas que corresponden al Órgano Ejecutivo. En ese marco, confirmó que el TSJ dispondrá el despliegue inmediato de los jueces de instrucción penal para resolver la situación jurídica de las personas que resulten aprehendidas.
El magistrado recordó que el ordenamiento jurídico vigente cuenta con un marco normativo expreso que faculta al primer mandatario a dictar la suspensión temporal de garantías ante situaciones de conmoción interna. Con la promulgación del decreto presidencial, el aparato judicial se limitará a operativizar las audiencias cautelares bajo los principios del debido proceso.
“Respetamos las determinaciones y las leyes están para cumplirse, hay una ley que ya estableció el marco normativo para poder declarar Estado de excepción, el presidente ha emitido el decreto correspondiente, nosotros como Justicia simplemente nos limitamos a cumplir nuestro rol”, manifestó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
La máxima autoridad del tribunal de casación aprovechó la oportunidad para emitir una serie de recomendaciones técnicas dirigidas a los mandos policiales y militares a cargo de la liberación vial. Saucedo enfatizó la necesidad de supervisar de forma rigurosa que los uniformados cuiden los estándares de proporcionalidad durante el uso de los agentes de disuasión.
Finalmente, el alto magistrado insistió en que el empleo de la fuerza pública debe constituir un recurso de extrema necesidad y de carácter absolutamente excepcional en las carreteras. El titular del TSJ instó a los contingentes a velar por la integridad de los civiles para asegurar que los ciudadanos retornen a sus hogares en un ambiente de pacificación social.
