Periódico ContraParte, 6 de agosto de 2024

Esta mañana, durante la sesión de honor en conmemoración de los 199 años de independencia de Bolivia, celebrada en la histórica Casa de la Libertad en Sucre, legisladores de la oposición lograron expulsar a los magistrados que, según la Constitución Política del Estado (CPE), debieron cesar en sus funciones el pasado 2 de enero, pero se mantuvieron en sus cargos mediante una controvertida sentencia constitucional. Este acto marcó un punto de inflexión en el evento, que inició con retraso debido a la indignación de los asambleístas.

En medio de gritos de «¡Fuera!» y «¡Sinvergüenzas!», los asambleístas expresaron su rechazo contundente hacia los magistrados, quienes se vieron forzados a abandonar el recinto. “Logramos desalojar a los autoprorrogados de la Casa de la Libertad, y el primer poder del Estado se hizo respetar ante estas personas que violan la CPE”, declaró el diputado Alberto Astorga, en un momento que resonó con fuerza en el país.

La crisis se desató en la madrugada de este martes, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó una resolución que exigía la cesación inmediata de los magistrados, y que además conminaba al presidente de la Asamblea a promulgar, en un plazo de 24 horas, la Ley 075, la cual pondría fin de manera definitiva a las funciones de estas autoridades judiciales. Pese al respaldo mayoritario de los legisladores, la resolución contó con la disidencia del vicepresidente David Choquehuanca, quien durante el acto pidió “tolerancia”, una solicitud que fue rechazada con abucheos y mayor enojo por parte de los asambleístas.

El diputado Erwin Bazán, en consonancia con sus colegas, manifestó su repudio por la permanencia de los magistrados en la Casa de la Libertad, subrayando que su presencia en un día tan significativo era un insulto para la nación. “Ellos tuvieron el cinismo de estar en la Casa de la Libertad en los 199 años de independencia de nuestra patria. La Asamblea Legislativa no los reconoce”, sentenció Bazán.

La situación ha generado una ola de críticas y advertencias sobre las posibles repercusiones que podría tener la insistencia de los magistrados en mantenerse en el poder, lo que podría desencadenar una crisis institucional de mayores proporciones. Se espera que en las próximas horas se tomen medidas drásticas para garantizar el cumplimiento de la CPE y la estabilidad del sistema judicial en Bolivia.