Periódico ContraParte, 07 de agosto 2024
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el presidente Luis Arce tiene la capacidad legal de convocar a un referendo mediante un decreto supremo, según lo estipulado por la ley 026 y respaldado por el auto constitucional 36/2024. La consulta pública se enfocaría en la subvención estatal, la distribución de escaños y la reelección del Presidente y Vicepresidente.
Lima explicó que «el Presidente está habilitado por la ley para convocar a un referendo directamente, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Puede hacerlo bajo las reglas actuales mediante un decreto supremo. Sin embargo, estamos abiertos a mejorar el proceso y, si la Asamblea desea participar, está invitada, pero no vamos a permitir un nuevo secuestro del proceso,» enfatizó el ministro.
El procedimiento para la aprobación de las preguntas del referendo y su impacto político, según Lima, requiere de un diálogo técnico y jurídico entre los diferentes órganos del Estado. El ministro indicó que se ha conformado un equipo jurídico dentro del Ejecutivo que trabaja en encontrar la mejor solución mediante el diálogo.
En este contexto, Lima recordó que el auto constitucional 326/2024, emitido el 16 de julio, abre la posibilidad de revisar el procedimiento para la convocatoria a un referendo, cuestión que actualmente está siendo evaluada por el Tribunal Constitucional. Según Lima, este auto ha dado lugar a un «debate constitucional», y aún no se ha definido si el referendo se realizará a través de una ley, un decreto, o algún otro mecanismo.
El ministro justificó además la propuesta de realizar el referendo el mismo día de la elección judicial, señalando que esto permitiría reducir costos. «Para las elecciones judiciales se necesita un presupuesto de más de 184 millones de bolivianos, y con un ánfora adicional para el referendo, el costo se reduciría al menos en 15 millones,» explicó.
Este anuncio pone en relieve la capacidad del Ejecutivo para avanzar con un referendo sin la necesidad de aprobación legislativa, un movimiento que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en la percepción pública del poder del Ejecutivo.
