El Ministerio Público abrió una investigación penal contra cinco efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), acusados de presuntamente facilitar el paso ilegal de mercadería a cambio de sobornos. Los uniformados fueron sorprendidos en flagrancia durante un operativo en la localidad de Sabaya, sector Julo, próximo a la frontera con Chile.

La acción fue activada a raíz de una denuncia presentada por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, que alertó sobre supuestos cobros ilegales realizados a transportistas para permitir el tránsito de al menos 17 camiones cargados con mercancía ilícita.

Según el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, los implicados fueron identificados como un teniente, un suboficial y tres sargentos, todos desplegados en la zona bajo órdenes del CEO-LCC. Durante el operativo, se halló un camión Nissan Cóndor abandonado, con fardos de ropa y equipos de comunicación. En la revisión de los teléfonos de los efectivos, se encontraron mensajes que revelaban la presunta coordinación para liberar cargamentos a cambio de pagos, incluyendo uno por un monto de 27.600 bolivianos.

El operativo fue realizado por una unidad interna del mismo Comando Estratégico, encargada de fiscalizar el cumplimiento de funciones. Al detectar la ausencia de los uniformados en su punto de control, se organizó su búsqueda y fueron hallados a más de un kilómetro del lugar asignado. En la intervención se incautaron pruebas adicionales, como códigos QR y registros logísticos que intentaban justificar la inactividad de uno de los vehículos asignados.

En cumplimiento de los protocolos, el camión con mercadería ilegal fue destruido por incineración para evitar su recuperación por parte de contrabandistas. Los cinco militares fueron trasladados a la ciudad de Oruro, donde el Ministerio Público formalizó su aprehensión y presentó la solicitud de detención preventiva ante la autoridad judicial competente.

“El caso es de alto interés institucional, ya que se trata de efectivos que deberían resguardar nuestras fronteras y luchar contra el contrabando, no colaborar con él”, afirmó el fiscal Morales. La investigación continúa y no se descarta la implicación de otros actores.