Fecha: 25 de abril de 2024
La senadora Andrea Barrientos, representante de la Comunidad Ciudadana (CC), expresó su preocupación ante una serie de fallecimientos que rodean a casos de corrupción de gran envergadura en Bolivia. «Cada que hay conflictos de este tipo, la gente aparece suicidándose y eso tiene que llamarnos la atención», afirmó Barrientos durante una entrevista en Unitel el miércoles pasado.
Las declaraciones de Barrientos surgieron tras el fallecimiento del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, quien se vio involucrado en el caso de las supuestas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales del Complejo Industrial de Uyuni, causando un daño económico al Estado estimado en 425 millones de bolivianos.
El compañero de bancada de Barrientos, Santiago Ticona, recordó casos similares, como el del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, y el del testigo protegido Felipe Sandy Rivero dentro del proceso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cuyas muertes han generado sospechas.
Ticona señaló en conferencia de prensa: «En los casos más fuertes empiezan los suicidios. Ha pasado con el Banco Fassil, ha pasado eso con el caso de coimas por la carretera Sucre – Alcantarí. Llama ya bastante la atención».
La oposición boliviana exige celeridad en las investigaciones. Barrientos instó al Ministerio Público y a la Policía boliviana a esclarecer no solo las circunstancias de la muerte de Montenegro, sino también el destino de los 425 millones de bolivianos presuntamente desfalcados.
Por su parte, la diputada Helena Pachacute (CC) responsabilizó a la Justicia por la muerte de Montenegro, destacando la necesidad de una investigación profunda e imparcial para evitar futuros casos similares.
El fallecimiento de Montenegro se produjo luego de que el Gobierno iniciara un proceso contra 10 exdirectivos de YLB por un supuesto daño económico al Estado. En una carta dejada por Montenegro, este afirmó ser inocente y criticó el proceso en su contra como una estrategia para encubrir fracasos gubernamentales.
La serie de muertes en casos de corrupción plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la justicia en Bolivia.
