28 de mayo (Contraparte).– El movimiento cívico nacional exigió este jueves al Ministerio Público y a las fuerzas del orden que se dé cumplimiento inmediato a la orden de aprehensión emitida en contra del expresidente Evo Morales, señalándolo como el principal responsable del cerco de carreteras que este jueves cumple 28 días de vigencia.

La institucionalidad cívica del país manifestó que las autoridades judiciales no pueden mostrar debilidad ni aplicar privilegios políticos frente a los dirigentes que promueven el desabastecimiento y la violencia en los puntos de bloqueo.

“Exigimos que se cumpla la ley. Hay una orden de aprehensión en contra del señor Evo Morales y la justicia tiene la obligación de ejecutarla; no se puede seguir permitiendo que un ciudadano esté por encima de la Constitución”, aseveró el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

El líder cívico cruceño argumentó que la persistencia de las medidas de presión está provocando pérdidas millonarias e irreparables para el sector productivo, por lo que instó al presidente Rodrigo Paz a aplicar los mecanismos constitucionales pertinentes, incluyendo el estado de excepción.

Cochamanidis fustigó que las carreteras continúen bloqueadas por grupos afines al exmandatario y remarcó que la labor de pacificación del territorio boliviano pasa de forma obligatoria por sentar el principio de autoridad contra quienes quebrantan el orden público.

El pronunciamiento cívico eleva la presión política sobre el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, en una jornada marcada por los intentos de acercamiento técnico en las comisiones de diálogo que buscan frenar la crisis de transitabilidad a nivel nacional.