Una reunión sostenida entre representantes de la empresa china La Encontrada y miembros del Comité Ejecutivo de Jach’a Marka Viacha, además del directorio de la comunidad Contorno Bajo, ha generado polémica y preocupación entre los comunarios de base, quienes acusan a sus autoridades originarias de actuar a espaldas de las comunidades y presuntamente negociar con la compañía extranjera.

El encuentro se habría producido pese a que la Defensoría del Pueblo obtuvo recientemente un Amparo Constitucional en favor de las comunidades afectadas, que busca frenar la contaminación provocada por empresas mineras ilegales en la región.

Los comunarios denuncian que esta reunión contradice el espíritu de la acción judicial, destinada a proteger la salud, el agua y el medio ambiente. Señalan además que los dirigentes habrían incumplido los mandatos de las bases, que rechazan toda actividad minera en la zona.

“El Jilir Ejecutivo de Jach’a Marka Viacha y su directorio lamentablemente ya negociaron con los chinos el futuro de Viacha. Por estos malos dirigentes, al parecer nuestra querida Viacha ya fue vendida a los transnacionales”, manifestaron los comunarios afectados.

Las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo han sido las principales impulsoras de la defensa del territorio, denunciando desde hace meses la contaminación de sus fuentes de agua y los impactos en la salud de las familias, animales y cultivos.

*Antecedentes:*

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución Constitucional N.º 266/2025, concedió la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo, reconociendo la vulneración de los derechos al agua, a la salud pública, al medio ambiente y a la Madre Tierra.

Esta decisión judicial constituye un precedente importante para la justicia ambiental en Bolivia, al reconocer el carácter colectivo y difuso de los derechos de las comunidades frente a la contaminación minera.

En ese marco, la Defensoría activó una Acción Popular contra seis instituciones del Estado, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental ante la posible afectación de las fuentes de agua con sustancias como el cianuro, utilizadas en la actividad minera en el municipio de Viacha.