Contraparte, 14 de agosto de 2026.-
La Procuraduría General del Estado decidió adherirse a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por las víctimas del operativo realizado en el Hotel Las Américas, ocurrido el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. El procurador Hugo León sostuvo que los hechos, calificados por la autoridad como “terrorismo de Estado”, deben ser investigados para identificar a los participantes y establecer responsabilidades.
La decisión forma parte de las acciones que impulsa el Estado para atender las recomendaciones emitidas dentro del caso Tadic Astorga y Otros vs. Bolivia, relacionado con violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del operativo policial.
Procuraduría pide establecer responsabilidades
León explicó que la institución se sumó formalmente a las denuncias de las víctimas para cumplir una de las recomendaciones internacionales pendientes.
El Procurador afirmó que corresponde desarrollar una investigación que determine quiénes participaron en los hechos y cuál fue el grado de responsabilidad de cada persona involucrada.
Entre las recomendaciones señaladas se encuentra la realización de una investigación penal diligente y efectiva, dentro de un plazo razonable, que permita esclarecer completamente lo sucedido. También se contemplan reparaciones para las víctimas y medidas destinadas a evitar la repetición de hechos similares.
Operativo ocurrió en abril de 2009
El caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresaron al Hotel Las Américas, en Santa Cruz.
Durante el operativo murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. En ese momento, el Gobierno de Evo Morales vinculó a los integrantes del grupo con acusaciones de terrorismo y separatismo.
De acuerdo con los antecedentes recogidos en el informe citado por la Procuraduría, Tadic y Tóásó denunciaron haber sufrido golpes y otros abusos durante su detención y traslado.
Estado busca cumplir recomendaciones pendientes
El procurador Hugo León sostuvo que anteriores gestiones gubernamentales no cumplieron las recomendaciones emitidas sobre el caso.
La Procuraduría informó además que remitió comunicaciones al Ministerio Público, Policía Boliviana y Judicatura para impulsar la formación permanente en derechos humanos dentro de sus programas de capacitación.
Asimismo, una audiencia internacional que estaba prevista para septiembre no será realizada durante ese periodo de sesiones y deberá ser reprogramada para una fecha posterior.
Con la adhesión de la Procuraduría, la investigación deberá avanzar ahora en el Ministerio Público para establecer las circunstancias de los hechos y determinar, conforme al debido proceso, las eventuales responsabilidades individuales.
