En un intento por destrabar la parálisis vial y la crisis de suministros que golpea al país, el presidente de la República, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío formal de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de reglamentar el estado de excepción dentro del territorio nacional. El jefe de Estado manifestó su expectativa de que el Parlamento debata y resuelva la propuesta normativa a la brevedad posible.

De acuerdo con la argumentación brindada por el mandatario, el reglamento tiene la finalidad técnica de otorgar un marco de fortalecimiento institucional a las Fuerzas Armadas para normar su despliegue operativo. Paz enfatizó de manera reiterada que la medida se fundamenta bajo una doctrina de «acción humanitaria», orientada a mitigar el desabastecimiento severo que sufren las principales capitales y no con fines de represión política.

En paralelo al envío de este recurso legal, el titular del Órgano Ejecutivo comunicó que su administración ya remitió respuestas formales a los pliegos petitorios de las organizaciones en protesta, abriendo una nueva convocatoria para instalar mesas de concertación inmediatas. «Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto», puntualizó el presidente, remarcando que la viabilidad del encuentro y la normalización del país dependen ahora de la voluntad patriótica de la dirigencia para habilitar corredores humanitarios de emergencia.

El presidente advirtió de forma taxativa que el Gobierno no vacilará en activar operativos conjuntos entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para asegurar el flujo de alimentos, insumos de salud y combustibles en beneficio de los sectores urbanos de La Paz y El Alto. Asimismo, la autoridad diferenció las demandas gremiales legítimas de aquellos sectores radicales que, según sus palabras, persiguen la finalidad de «quebrantar la democracia».

El pronunciamiento presidencial se genera en un contexto de alta presión política, donde la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical Túpac Katari y agrupaciones afines al ala evista persisten en exigir su renuncia. El conflicto mantiene su rigidez luego de que las bases movilizadas rechazaran formalmente, durante un cabildo celebrado el pasado lunes en El Alto, la mediación pacífica convocada inicialmente por la Iglesia Católica.