Periódico Contraparte, 23 de marzo de 2025.

En una declaración que ha encendido el debate sobre la eficacia de las instituciones públicas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, conocido como «Silva», ha lanzado un fuerte reclamo al sistema judicial boliviano. Según el ministro, la falta de acompañamiento judicial está dificultando gravemente la lucha contra el contrabando, un flagelo que afecta no solo a la economía, sino también a la seguridad del país. «No hay apoyo para sancionar a los contrabandistas. Nos sentimos solos en esta batalla», afirmó Silva durante una conferencia de prensa en La Paz.

El contrabando, que mueve millones de dólares al año en Bolivia, ha sido históricamente un problema difícil de erradicar. Sin embargo, según Silva, el esfuerzo del Ministerio de Gobierno y de las fuerzas de seguridad se está viendo frustrado por la lentitud y, en algunos casos, la inacción del sistema judicial. «Atrapamos a los contrabandistas, incautamos mercancía ilegal, pero luego no pasa nada. Los casos se archivan o los procesos se eternizan», denunció el ministro, visiblemente frustrado.

Las palabras de Silva no han caído en saco roto. Mientras algunos sectores aplauden su firmeza y exigen una reforma urgente en el sistema judicial, otros critican lo que consideran un intento de culpar a otros poderes del Estado por los fracasos del gobierno. «Es fácil echarle la culpa a los jueces, pero ¿dónde están las políticas integrales para combatir el contrabando?», cuestionó un analista político.

Lo cierto es que el contrabando sigue creciendo, y con él, sus consecuencias. Desde la pérdida de ingresos fiscales hasta el aumento de la inseguridad en las fronteras, el problema se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades y los ciudadanos por igual. «El contrabando no solo daña la economía, también fomenta la corrupción y el crimen organizado», advirtió Silva, quien hizo un llamado a todas las instituciones a trabajar de manera coordinada.

Mientras tanto, en las calles, la población exige soluciones concretas. «Estamos hartos de escuchar promesas y ver cómo el problema sigue igual», dijo Juan Pérez, un comerciante afectado por la competencia desleal de los productos de contrabando. La pregunta que queda en el aire es si esta denuncia pública del ministro Silva será el catalizador de un cambio real o simplemente otro capítulo en la larga lista de reclamos sin respuestas.