Periódico Contraparte, 19 de junio de 2024

Agradecemos a todos los miembros del Consejo y a la señora Presidenta por brindarnos este espacio para socializar la Ley 243 contra el acoso y violencia política. En esta oportunidad, también ofrecemos un modelo de reglamento para la Comisión de Ética, con el objetivo de sancionar conductas de acoso y violencia política contra las concejalas.

Hemos identificado la necesidad de una reglamentación adecuada en muchos municipios para sancionar estos casos. A diferencia de las áreas rurales, nos complace ver que este Consejo cuenta con un reglamento y se encuentra en proceso de modificarlo. Agradecemos la oportunidad de participar en este taller y de brindar asistencia técnica a través del SEPMUD.

Es crucial que todos los funcionarios, miembros y autoridades municipales conozcan los alcances de la Ley 243. La violencia contra la mujer es una problemática persistente, manifestándose no solo en el ámbito familiar, sino también en espacios de toma de poder. Las mujeres concejalas, candidatas y electas son víctimas de acoso y violencia política. La Ley 243 busca erradicar esta violencia y es fundamental que los servidores públicos, empezando por el Alcalde, se familiaricen con esta normativa.

Según datos de ACOBOL, a nivel nacional se han registrado más de 150 denuncias de acoso y violencia política, aunque solo cuatro han resultado en sentencias. Esto refleja una preocupante falta de eficacia en el sistema judicial y subraya la necesidad de que las instancias del órgano judicial, como el Ministerio Público, identifiquen y superen los obstáculos que impiden a las mujeres realizar denuncias efectivas y alcanzar justicia.

La abogada Ibiza Ayala, del Servicio Plurinacional de la Mujer, cuestionó la baja tasa de sentencias y resaltó la importancia de fortalecer el apoyo y la protección a las mujeres en la política. Es imperativo que todos los niveles de gobierno trabajen juntos para asegurar que la Ley 243 sea aplicada correctamente y que las víctimas de acoso y violencia política reciban la justicia que merecen.

La baja efectividad en la judicialización de estos casos es una señal de alerta. Si las denuncias no se tramitan adecuadamente y no se imponen sanciones, el acoso y la violencia política contra las mujeres continuarán impunemente. Esto no solo afecta a las víctimas directas, sino que también desincentiva la participación femenina en la política, lo que tiene repercusiones negativas a nivel social y democrático.

Es esencial que todos los servidores públicos se comprometan a aplicar la Ley 243 de manera rigurosa. Solo así se logrará un ambiente político más seguro y equitativo para las mujeres. La colaboración entre el gobierno, las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil es crucial para avanzar en esta causa.

Instamos a todos los funcionarios y autoridades a conocer y aplicar la Ley 243 contra el acoso y violencia política. Es vital que el Consejo continúe con la modificación del reglamento de la Comisión de Ética y que se refuercen los mecanismos de denuncia y protección para las mujeres en la política.