La Paz, 25 de febrero de 2024
El Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, ha hecho un llamado enfático al cumplimiento de la orden judicial que dispone el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, con el fin de que comparezca en el juicio oral del caso del decreto 373, programado para el 11 de marzo.
El Gobierno, por su parte, ha mencionado la existencia de «otras alternativas» para que la autoridad participe en la vista judicial.
«Hay una decisión, una disposición de autoridad judicial y estas disposiciones se la tiene que acatar por las instancias administrativas ya de Régimen Penitenciario, seguridad penitenciaria y me imagino que estas autoridades van a adoptar las medidas para que esto pueda desarrollarse», señaló Callisaya.
En ese contexto, indicó que «en lo futuro veremos qué es lo que acontece y en función a eso nosotros vamos a tener seguramente alguna postura».
El viceministro del Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que aún se encuentran evaluando el traslado del gobernador cruceño y explorando otras vías para que asista a la audiencia, incluyendo opciones virtuales.
«Se está esperando el informe que se está evacuando a nuestra Policía Boliviana a través de los organismos pertinentes, con la finalidad de establecer si existen las condiciones para trasladar al señor Camacho», explicó Aguilera.
Aguilera añadió que si no se cuenta con las condiciones necesarias para el traslado, «existen métodos alternativos, me refiero a las conferencias por vía Zoom u otras, que van a permitir que el señor Camacho pueda acceder a ese juicio».
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, expresó su preocupación por el anuncio del Gobierno sobre el análisis del traslado del gobernador Camacho a Santa Cruz, argumentando que su deber principal debería ser garantizar las condiciones para cumplir con la orden judicial.
En tanto, el gobernador suplente de Santa Cruz, Mario Aguilera, acusó a las autoridades del Gobierno de buscar excusas para no cumplir con el traslado.
Callisaya destacó que «hay mecanismos internos también que los propios procesados pueden activar, hay un juez de control, que cuida las garantías de los privados de libertad».
