Contraparte, 15 de julio de 2026.-
Representantes de los trabajadores mineros, jubilados y del Magisterio Urbano expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5654, que elimina las retenciones automáticas de aportes sindicales por planilla para funcionarios públicos. Los dirigentes consideran que la medida debilita a las organizaciones sindicales, mientras que el Gobierno asegura que busca garantizar que cada trabajador decida libremente si desea realizar esos aportes.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Román Nina, calificó la norma como «atentatoria» y afirmó que el propósito del Gobierno sería afectar a las dirigencias sindicales. Asimismo, señaló que el sector analizará la disposición en una reunión para definir las acciones que asumirá.
Por su parte, el representante de los jubilados, Rodolfo Ayala, manifestó que el decreto perjudica a las organizaciones sindicales y anunció que su sector convocará a una reunión de emergencia para evaluar posibles medidas frente a la decisión gubernamental.
El Magisterio Urbano de La Paz también rechazó la disposición. Su ejecutiva, Anaí Bozo, sostuvo que la eliminación del descuento automático busca debilitar la organización sindical y limitar la capacidad de representación de los trabajadores. Además, calificó la medida como «divisionista» al considerar que promueve una relación individual entre el trabajador y el Estado.
Frente a las críticas, el vocero presidencial José Luis Gálvez defendió el Decreto Supremo 5654 y afirmó que la norma no restringe la libertad sindical. Explicó que el objetivo es que cualquier aporte a una organización sindical sea autorizado de forma expresa por cada trabajador y que el Estado deje de efectuar retenciones automáticas por planilla.
El decreto establece que, en adelante, los descuentos salariales en las entidades del Órgano Ejecutivo solo podrán aplicarse por cinco conceptos específicos, entre ellos aportes a la seguridad social, sanciones administrativas, RC-IVA, retenciones judiciales por asistencia familiar y recuperación de cobros indebidos en favor del Estado.
Mientras algunos sectores sindicales anunciaron que analizarán medidas de protesta, el Gobierno reiteró que la disposición busca fortalecer el derecho de cada trabajador a decidir voluntariamente sobre el destino de sus aportes sindicales.
