Periódico Contraparte, 16 de noviembre de 2024
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Marco Jaimes, compareció esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde defendió la prórroga del mandato de los magistrados de las altas cortes del país. Jaimes destacó que, gracias a esta extensión, en 2024 se realizaron 1.319 nombramientos en el ámbito judicial, incluyendo 90 vocales, 93 jueces y 1.136 servidores de apoyo jurisdiccional, lo que permitió la emisión de 50.402 resoluciones judiciales y garantizó el acceso a la justicia para más de 100.000 ciudadanos.
Durante su intervención, Jaimes señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional intentó cesar a los magistrados prorrogados, lo que, según él, habría afectado negativamente a los usuarios del sistema judicial. «La continuidad de nuestras funciones ha sido esencial para evitar un vacío de poder y asegurar la administración de justicia en el país», afirmó Jaimes.
La prórroga del mandato de los magistrados, decidida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ha sido objeto de controversia. Críticos argumentan que esta medida vulnera la Constitución y compromete la independencia judicial. Sin embargo, Jaimes sostuvo que la decisión fue necesaria ante la falta de elecciones para nuevas autoridades judiciales y que su implementación ha permitido mantener la estabilidad institucional.
La comparecencia de Jaimes ante la CIDH se produjo en el marco de una audiencia solicitada por organizaciones de la sociedad civil, que expresaron preocupaciones sobre la politización de la justicia en Bolivia. En respuesta, el presidente del TSJ enfatizó que la prórroga ha sido una medida transitoria para garantizar la continuidad del servicio judicial y que se están realizando esfuerzos para llevar a cabo las elecciones judiciales en el menor tiempo posible.
