Periódico Contraparte, 14 de febrero de 2025.
El Carnaval de Oruro, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Bolivia y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se encuentra en el centro de una polémica que amenaza con opacar su esplendor. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a nueve asociaciones departamentales, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CFTPB) y la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, han alzado su voz contra lo que califican como «cobros indebidos y restricciones ilegales» impuestos por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro para la emisión de credenciales de prensa.
Desde 2022, los periodistas que desean cubrir este evento han sido obligados a pagar tasas cada vez más elevadas, las cuales, según denuncian, carecen de justificación y violan las recomendaciones de la UNESCO, que promueve la difusión sin restricciones de manifestaciones culturales de valor universal. «Originalmente, la acreditación no tenía costo. Ahora, los montos son exorbitantes y afectan directamente a quienes trabajan en condiciones laborales precarias», explicó un representante de la ANPB.
Las gestiones para resolver este conflicto han sido infructuosas. Desde el 30 de enero de 2025, las asociaciones han intentado dialogar con el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, sin obtener respuesta. Además, han acudido a la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que estos cobros no solo vulneran la libertad de prensa, sino que también limitan el derecho de acceso a la información. «Esto es un ataque directo a nuestra labor periodística y a la democracia», afirmó un portavoz de la ACPI.
En un acto de firmeza, las asociaciones han decidido cubrir el Carnaval de Oruro sin pagar las tasas exigidas, portando únicamente las credenciales de sus propios medios y organizaciones. «No permitiremos que intereses particulares silencien nuestra voz ni obstaculicen la difusión de un evento que pertenece a todos los bolivianos», declararon. Además, han anunciado que documentarán cualquier intento de obstrucción a su trabajo y presentarán denuncias ante instancias nacionales e internacionales.
La situación ha generado un llamado urgente al gobierno para que garantice la seguridad de los periodistas durante la cobertura del evento y tome medidas para evitar que este tipo de prácticas se repitan en el futuro. «El Carnaval de Oruro es un patrimonio de todos, y su difusión no puede estar sujeta a intereses particulares», concluyeron las asociaciones.
