Periódico Contraparte, 07 de abril de 2025

El clima político se calienta en Bolivia. Sectores leales al expresidente Evo Morales anuncian una movilización nacional para el próximo 16 de mayo, con un objetivo claro: presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que acepte su inscripción como candidato presidencial, pese a las resoluciones judiciales que lo inhabilitan. «El pueblo decidirá, no los tribunes», gritan consignas en redes sociales, donde ya circulan imágenes de dirigentes sindicales y cocaleros organizando caravanas hacia La Paz.

La estrategia evoca métodos históricos del MAS: presión social masiva para torcer decisiones institucionales. Voceros oficialistas alegan que Morales es víctima de «persecución política», mientras analistas advierten riesgos de ingobernabilidad. «Quieren repetir el 2019, pero el contexto es distinto: hay desgaste y fracturas internas», explica el politólogo Carlos Cordero. El TSE, en medio de la tormenta, mantiene silencio.

Lo paradójico: la marcha coincide con el aniversario del fallo que habilitó a Morales a reelegirse en 2017, luego de un polémico referendo. Ahora, sus bases exigen otro «milagro jurídico», pero la sombra del conflicto internacional por el arresto de Camacho y la crisis económica podrían diluir el impacto. Mientras tanto, el gobierno de Arce, en incómodo silencio, observa cómo su otrora aliado se transforma en su principal amenaza.