La Defensoría del Pueblo consiguió un importante logro judicial en defensa del derecho colectivo al agua y al medio ambiente sano, luego de que la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concediera la tutela solicitada a través de una Acción Popular interpuesta por el delegado defensorial Pedro Callisaya.

El fallo, que se produjo tras una inspección judicial en el municipio de Viacha, reconoce la vulneración de los derechos ambientales de las comunidades Seque, Jahira, Mamani y Contorno Bajo, y ordena a las autoridades nacionales, departamentales y al municipio de Viacha adoptar medidas inmediatas de protección y control.

“La resolución judicial es un avance en la garantía del derecho al agua y a la Madre Tierra, derechos que son colectivos y deben ser protegidos por todos los niveles del Estado”, destacó la Defensoría del Pueblo tras conocer el fallo.

La institución defensorial inició la acción ante la presunta contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras y la falta de control ambiental efectivo en la zona. En respuesta, el tribunal dispuso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno Departamental de La Paz y el Gobierno Municipal de Viacha, en coordinación con el Ministerio de Salud, “planifiquen y ejecuten estudios de calidad del agua y del medio ambiente en las comunidades afectadas”.

Asimismo, el fallo ordena al Ministerio de Minería y Metalurgia “ejercer control sobre todas las empresas mineras para asegurar que operen con las licencias que la ley exige”, y exige la entrega inmediata a la Defensoría del Pueblo de toda la información ambiental y de fiscalización requerida.

“Este resultado es fruto del trabajo de verificación, acompañamiento y seguimiento que realizamos junto a las comunidades, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas”, señaló el delegado defensorial.

El pronunciamiento judicial emitido el jueves 9 de octubre, refuerza el papel de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos colectivos y difusos, y sienta un precedente en la protección jurídica del agua como bien común y elemento esencial para la vida.