CONTRAPARTE / Bolivia, 1 de junio de 2026
El Tribunal Departamental de Justicia emitió un pronunciamiento oficial para aclarar ante la opinión pública que no ha anulado los mandamientos de aprehensión que cursan en contra de los ciudadanos Argollo y Salazar. Con esta precisión institucional, las autoridades jurisdiccionales desmintieron de forma categórica las versiones informales que señalaban una supuesta suspensión de los actos de persecución penal vigentes.
La aclaración emanada desde el Órgano Judicial responde a una serie de reportes y especulaciones que circulaban en diversos ámbitos sobre la situación jurídica actual de ambos procesados. Desde la institución judicial se enfatizó que los requerimientos emitidos por los jueces competentes mantienen plena validez legal, por lo que los organismos de seguridad del Estado se encuentran expeditos para ejecutar los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con la información institucional provista por el tribunal, las resoluciones emitidas dentro de la tramitación de los recursos presentados por la defensa de los sindicados no alteraron la esencia de las medidas cautelares previas. Las autoridades judiciales recordaron la importancia de remitirse exclusivamente a las determinaciones oficiales registradas en el cuaderno de investigaciones para evitar desinformación sobre las causas penales.
El mantenimiento de las órdenes de captura representa un paso clave dentro del desarrollo del proceso judicial, el cual genera gran expectativa social en el ámbito institucional. La fiscalización de estos casos complejos se efectúa bajo los principios de debido proceso, asegurando que las actuaciones de los administradores de justicia se apeguen estrictamente a los preceptos que manda la normativa legal boliviana.
Actualmente, las órdenes de aprehensión en contra de Argollo y Salazar continúan activas en los registros del Ministerio Público y de la Policía Boliviana para su respectivo cumplimiento en cualquier punto del territorio nacional. El Tribunal Departamental de Justicia ratificó que las audiencias y los actos procesales programados dentro de esta causa seguirán su curso regular conforme a los plazos establecidos por ley.
