La investigación sobre comunicaciones presuntamente facilitadas desde el recinto penitenciario derivó en medidas cautelares contra efectivos policiales y abrió nuevas interrogantes sobre los controles internos.
Dos efectivos policiales fueron enviados con detención preventiva al penal de Uyuni, en el marco de la investigación por las presuntas llamadas realizadas desde Cantumarca y vinculadas al caso del exfiscal Roger Mariaca.
De acuerdo con el reporte publicado este domingo, el juez dispuso cuatro meses de detención preventiva para el asesor jurídico del recinto penitenciario y otro uniformado. Otros tres policías deberán cumplir medidas cautelares.
La investigación busca esclarecer cómo se habrían facilitado las comunicaciones, qué participación tuvo cada uno de los investigados y si existieron fallas o irregularidades en los mecanismos de control del centro penitenciario.
El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas dentro de las cárceles. También plantea interrogantes sobre el acceso a teléfonos y otros medios de comunicación por parte de personas privadas de libertad.
Las medidas judiciales forman parte del proceso investigativo y no constituyen, por sí solas, una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las instancias competentes establecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales.
El desarrollo del caso será clave para conocer si las presuntas irregularidades responden a actuaciones particulares o a fallas más amplias en los controles penitenciarios.
