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Valverde advierte: Incumplir fallo del TCP puede llevar a la cárcel y a una nueva elección de gobernador

Valverde advierte: Incumplir fallo del TCP puede llevar a la cárcel y a una nueva elección de gobernador

La Sala Constitucional Cuarta determina que el vicegobernador de Santa Cruz asuma la Gobernación en ausencia del gobernador detenido

05/01/2024 El pasado 29 de diciembre del 2023, la Sala Constitucional Cuarta emitió la sentencia 1021/2023 en la que se establece que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, debe asumir la Gobernación mientras el gobernador Luis Fernando Camacho se encuentre detenido en Chonchocoro, La Paz.

Esta decisión fue tomada luego de que el analista político Carlos Valverde señalara que, en caso de que la gobernación cruceña no acate el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Aguilera podría enfrentar consecuencias legales por no asumir la suplencia. Además, la Asamblea Departamental de Santa Cruz tendría la responsabilidad de elegir a un nuevo gobernador.

Valverde también advirtió que, en caso de que la Asamblea Departamental elija a un nuevo gobernador, es probable que sea un legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que en dicha asamblea hay mayoría masista. Esto podría significar un retroceso para Santa Cruz y un impedimento para que el departamento continúe con su progreso.

El analista político también señaló que no es necesario realizar una posesión formal para que Aguilera asuma la Gobernación, ya que él solo es el suplente de Camacho. Sin embargo, existen intereses particulares dentro de la Gobernación que estarían impidiendo que Aguilera asuma su rol de manera efectiva.

Valverde también mencionó que esta determinación debió haberse aplicado hace un año, cuando Camacho fue detenido, pero que existen intereses dentro de la Gobernación que buscan mantener el poder dentro de la institución.

En resumen, la decisión de la Sala Constitucional Cuarta es que el vicegobernador de Santa Cruz asuma la Gobernación en ausencia del gobernador detenido, y que la Asamblea Departamental debe acatar esta determinación para evitar posibles consecuencias legales y garantizar la continuidad del progreso en el departamento.

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