En un movimiento que sacude el tablero político de la ciudad industrial de Viacha, candidatas  de la organización política «Venceremos» han interpuesto una impugnación formal contra la posesión de Francisco Aruquipa Hinojosa, quien pretende asumir el cargo de segundo concejal suplente. La denuncia, fundamentada en un presunto fraude a la ley, señala que el ciudadano no cumple con los dos años de residencia permanente exigidos.

El factor El Alto: Un domicilio bajo la lupa

El núcleo del conflicto radica en la ubicación real del domicilio de Aruquipa. Según el memorial presentado ante el pleno del Concejo Municipal de Viacha  con el patrocinio de asesoría legal, el denunciado no habitaría en Viacha, sino en la ciudad vecina de El Alto.

Las recurrentes detallaron con precisión la ubicación del inmueble del impugnado: Avenida Audiencia No. 1065, zona Cosmos 79, cruce Villa Adela. Al residir habitualmente en jurisdicción alteña, Aruquipa carecería de la legitimidad y la residencia mínima de dos años que estipula el artículo 285, párrafo II de la CPE.

«El resguardo de la legalidad y la ética representativa de nuestra ciudad industrial de Viacha es nuestra prioridad. No permitiremos que se usurpe un curul mediante el engaño», manifestaron las denunciantes de su propia sigla.

Vulneración a la soberanía electoral

Para las candidatas de «Venceremos», el intento de posesión de Aruquipa no es solo una falta administrativa, sino una vulnerabilidad directa a la soberanía de los electores viacheños. Argumentan que el municipio merece autoridades que no solo figuren en listas.

Acciones Legales

El documento presentado solicita formalmente:

• El rechazo inmediato a la posesión de Francisco Aruquipa Hinojosa.

• El cumplimiento estricto de los requisitos de idoneidad y territorialidad.

• La protección de los espacios de representación legítima para quienes sí cumplen con la normativa vigente.

La documentación adjunta, que incluye la credencial de suplente y pruebas del domicilio observado, ya se encuentra en manos de las autoridades pertinentes para su análisis. El caso pone en tela de juicio los filtros de control interno de las organizaciones políticas y la veracidad de las declaraciones juradas de residencia.