Samuel Doria Medina, destacado dirigente político y empresario, ha señalado que la «justicia boliviana es corresponsable de la crisis» social y económica que enfrenta el país, calificando la situación actual como de “despotismo judicial”. En su discurso pronunciado ante el Congreso Internacional de Derecho en Sucre, al que asistieron especialistas que debatieron la necesidad de independencia judicial, Doria Medina destacó la falta de imparcialidad y la tendencia extorsionadora del sistema judicial.
“La justicia es corresponsable de la crisis, porque no ofrece ninguna seguridad de que actuará con imparcialidad y tiende a extorsionar a los litigantes. Frente a esto, los inversionistas prefieren desviar su capital al consumo o llevarlo a otro lugar. Con la llegada del presidente de Paraguay nos enteramos de que 1.000 empresarios bolivianos están en el vecino país, que lo han preferido en lugar de ampliar sus proyectos aquí,” expresó Doria Medina.
Criticó duramente la imprevisibilidad del sistema judicial boliviano, indicando que quienes arriesgan su dinero “no pueden aceptar una justicia tan impredecible como la boliviana, en la que no manda la ley sino los más sinvergüenzas y los que tienen contactos políticos”. Doria Medina citó dos juicios en su contra como ejemplos de esta problemática, recordando cómo se recurrió a un fallo constitucional para alterar el resultado de un arbitraje privado.
“El Tribunal Constitucional se ha convertido en una instancia de juzgamiento, y no solo en la última etapa del juicio, sino que se mete en los procedimientos de los juicios mientras estos se van desarrollando,” afirmó. Añadió que, si existiera un genuino deseo de justicia, el Tribunal Constitucional se abstendría de intervenir en los juicios de primera instancia, salvo en casos justificados. “En cambio, este Tribunal se involucra en todo y en nada; y eso ha deformado completamente los procedimientos,” señaló.
Doria Medina también mencionó la falta de prescripción para ninguna acusación y casos donde se desconocen sentencias favorables por pretextos formalistas, como la forma en que se hizo la notificación. “Si a una empresa importante le hacen eso, imaginemos qué sufrirá el ciudadano común que no puede contratar abogados,” concluyó.
Estas declaraciones subrayan la profunda desconfianza en el sistema judicial boliviano y sus implicaciones para la economía y la sociedad, reflejando la necesidad urgente de reformas judiciales para garantizar imparcialidad y seguridad jurídica.
