Periódico Contraparte, 25 de junio 2024
Diputados arcistas solicitaron este martes al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que inicie un proceso penal contra la jueza cochabambina Silvia Clara Zurita. La controversia surge después de que Zurita ordenara, mediante una acción de libertad, validar la sesión séptima de la Asamblea, presidida por Andrónico Rodríguez el 6 de junio.
Los legisladores Rolando Cuéllar y Jerges Mercado demandaron que Choquehuanca tome medidas inmediatas y procese a Zurita por presunta comisión de delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Además, ambos diputados pidieron al Consejo de la Magistratura destituir a la jueza, alegando que vulneró la Constitución Política del Estado.
El conflicto comenzó el sábado, cuando la jueza Zurita ordenó a Choquehuanca instalar una sesión de la Asamblea en un plazo de 72 horas para validar la reunión presidida por Rodríguez. En esa sesión, se sancionaron varias normas, incluyendo una ley sobre el cese de funciones de los magistrados “autoprorrogados”.
Esta decisión judicial respondió a una acción de libertad presentada por la legisladora evista Lucy Escobar, quien denunció que se busca amedrentar y atacar a la jueza Zurita. Escobar defendió la acción de la jueza como un acto de justicia y respeto a los derechos legislativos.
Por su parte, Jerges Mercado afirmó que la determinación de una jueza de garantías no puede prevalecer sobre dos decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la máxima instancia judicial del país. Según el TCP, Rodríguez no estaba facultado para convocar a la sesión ni para aprobar normas, lo que pone en duda la legalidad de las decisiones tomadas en dicha sesión.
La controversia ha intensificado las tensiones políticas en Bolivia, donde las decisiones judiciales y legislativas a menudo se entrelazan con disputas partidarias. Los diputados arcistas, leales al presidente Luis Arce, ven la acción de la jueza como una amenaza a la estabilidad y legalidad del gobierno, mientras que los seguidores de Evo Morales, como Escobar, perciben estas acciones como un ataque a la democracia y la justicia.
