Periódico ContraParte, 21 de agosto de 2024
Tras años de infructuosa búsqueda de justicia en el sistema judicial boliviano, las víctimas de negligencia médica en El Alto han decidido llevar su lucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según María Nieves Quispe, quien perdió un riñón y tiene el otro en riesgo, la sentencia contra los dos médicos responsables fue anulada gracias a la intervención de la Sala Constitucional Primera de La Paz. «Perdí un riñón y el otro está en peligro. Aunque tenían sentencia, sus abogados lograron anularla con la ayuda de la Sala Constitucional, encubriendo así a sus colegas,» denunció Quispe, mostrando su frustración ante la impunidad reinante.
La Asociación de Víctimas de Negligencia Médica de El Alto, dirigida por el activista de Derechos Humanos David Inca, ha señalado que la mayoría de los casos similares son archivados por el Tribunal de Justicia de La Paz, dejando a las víctimas en una situación de desamparo. Yolanda Miranda, otra afectada que ahora vive sin vejiga y con los riñones gravemente dañados, expresó su indignación: «La doctora María Centellas, sentenciada en 2019, logró anular su condena con un simple amparo en la Sala Constitucional Primera de La Paz. Hoy sigue ejerciendo como si nada.»
El próximo miércoles se llevará a cabo la última audiencia en el caso de María Nieves Quispe, y existe un fuerte temor de que, una vez más, el proceso sea anulado. Inca advirtió que, si esto sucede, «se confirmará que en Bolivia no hay acceso a la justicia. Por ello, acudiremos a la CIDH, no solo para enjuiciar a los médicos responsables, sino al Estado de Bolivia.»
La falta de respuestas por parte del sistema judicial boliviano no solo afecta a las víctimas, sino que también pone en evidencia serias deficiencias en la administración de justicia del país. La decisión de recurrir a la CIDH es un grito desesperado de quienes han sido ignorados y subraya la urgente necesidad de una reforma en el sistema judicial boliviano. La comunidad internacional debe estar atenta a las repercusiones de este caso, que podrían tener implicaciones legales, sociales y económicas significativas para Bolivia.
