Periódico ContraParte, 22 de agosto de 2024
Una niña de aproximadamente 13 años, que estaba internada en el Hospital El Alto Norte, ha pasado por una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que ha suscitado una profunda preocupación entre defensores de derechos humanos. Los activistas han anunciado que se están personando en calidad de denunciantes debido a la gravedad del caso y la necesidad de hacer justicia. El caso ha sido calificado como de orden público, y se exige una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público.
“El caso es extremadamente lamentable. Estamos instando al Ministerio Público a actuar con seriedad y objetividad para garantizar una investigación transparente,” afirmó un portavoz del Comité Ejecutivo de Derechos Humanos. Los defensores han solicitado el protocolo correspondiente para manejar adecuadamente la denuncia y están preparados para presentar una queja formal en el municipio y ante el Asumae, el alcalde del municipio de Quime.
Además, se ha puesto en evidencia la falta de seriedad de algunos funcionarios en el manejo de casos tan delicados. «Algunos funcionarios del Municipio del Alto han mostrado una falta de compromiso, lo que contrasta con gestiones anteriores donde había una mayor sinceridad y profesionalismo,» señaló el portavoz. La situación actual, según los defensores, demanda una actuación más firme y eficiente.
El director del Hospital El Alto Norte confirmó que, a pesar de que el bebé está vivo y la madre ha recibido el alta, el hecho de que se trate de una niña implica que el consentimiento es irrelevante para las denuncias de estupro, dado que la ley protege a los menores de edad en estas circunstancias. La Defensoría del Alto también está involucrada en el caso, reforzando la necesidad de una investigación exhaustiva.
Este caso ha puesto en evidencia la urgencia de abordar con seriedad y diligencia los delitos de esta índole, así como la importancia de sancionar a los responsables. La comunidad y los defensores de derechos humanos están esperando acciones concretas para garantizar que se haga justicia y se prevengan futuros incidentes similares.
