La Fiscalía anticorrupción, junto a efectivos de la Policía Boliviana y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), allanó un galpón ubicado en la ciudad de El Alto que presuntamente pertenece al dirigente panificador Rubén Ríos, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada. Durante la intervención se hallaron documentos relacionados con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), un motorizado en desuso y una caja fuerte, además de ambientes que aparentemente funcionaban como oficinas, aunque no se encontró mercadería vinculada directamente a la entidad estatal.
Ríos, quien fue aprehendido el lunes, está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, presunta conformación de un “clan familiar” para beneficiarse de la distribución de harina subvencionada y movimientos económicos irregulares en sus cuentas bancarias. Pese a los indicios presentados por el Ministerio Público, el dirigente decidió acogerse a su derecho de guardar silencio durante su declaración. En tanto, las autoridades confirmaron que se trabaja en una segunda imputación en su contra, como parte del proceso penal que continúa en curso.
El ministro de Desarrollo Productivo informó que el presunto daño económico al Estado asciende, de manera preliminar, a más de cinco millones de bolivianos, debido al mal uso de la harina subvencionada que debía ser destinada exclusivamente al sector panificador. Este caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración de los subsidios estatales, con el fin de evitar desvíos, corrupción y perjuicios que afectan directamente a la economía pública y a la población beneficiaria.
