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Allanan hogar infantil de la Gobernación paceña tras denuncias de violencia contra menores

Allanan hogar infantil de la Gobernación paceña tras denuncias de violencia contra menores

La Paz, 4 de agosto de 2025 (Contraparte) — El Centro de Acogida José Soria, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de La Paz, fue allanado este lunes por la Fiscalía junto a peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y efectivos de la Policía, tras conocerse denuncias de presuntos casos de maltrato físico y psicológico contra niños albergados en el lugar.

La intervención se produjo en respuesta a una serie de publicaciones en redes sociales que alertaron sobre situaciones de violencia dentro del centro. La Fiscalía abrió una investigación de oficio y desplegó equipos especializados para verificar el estado de los 24 menores que actualmente viven en el albergue.

Primeras evaluaciones: contradicciones y dudas

Durante el operativo, médicos forenses y psicólogos del IDIF realizaron revisiones físicas y entrevistas a los menores. Según declaraciones preliminares del fiscal departamental Luis Torrez, hasta el momento no se evidenciaron signos visibles de agresiones en las niñas, aunque aún falta conocer el informe final sobre los niños varones. Los resultados completos determinarán si se inicia una imputación formal.

El caso ha generado un cruce de versiones. Apenas tres días antes del allanamiento, la propia Gobernación y la Defensoría de la Niñez firmaron un acta donde aseguraban que no existían indicios de maltrato. Sin embargo, la rápida difusión de denuncias públicas obligó a revisar esa afirmación y a activar mecanismos judiciales.

Personal será convocado a declarar

El Ministerio Público también informó que varios miembros del equipo educativo del hogar serán convocados a declarar en calidad de testigos. La Fiscalía busca esclarecer si hubo omisión de deberes, negligencia o conductas que configuren delitos contra la integridad de los menores.

Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han pedido transparencia en la investigación y mayor fiscalización a los centros de acogida, en especial aquellos administrados por instancias públicas.

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