El Gobierno nacional emitió este miércoles la respuesta oficial y pormenorizada al pliego de ocho demandas presentado por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y sus organizaciones afiliadas. A través del documento impreso, el Órgano Ejecutivo coincidió en la urgencia de viabilizar espacios de concertación, aunque marcó límites técnicos y legales en varios de los requerimientos planteados por el sector obrero.
En el plano de los derechos constitucionales y garantías orgánicas, la administración estatal aseguró que no respaldará ninguna normativa que pretenda criminalizar la protesta social pacífica. No obstante, el Estado enfatizó de forma tajante que mantendrá de forma invariable su obligación de garantizar la libre transitabilidad en las redes viales fundamentales para el ingreso prioritario de insumos médicos, carburantes y alimentos de primera necesidad.
Respecto a la situación de los huelguistas capturados en los enfrentamientos, el Ejecutivo se comprometió a solicitar al Ministerio Público una revisión técnico-jurídica individualizada de las medidas cautelares aplicadas. Esta fiscalización legal buscará asegurar el debido proceso y la presunción de inocencia de los dirigentes de las provincias.
“El Gobierno impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional y mejorar el abastecimiento, siempre que los sectores movilizados permitan la normalización del libre tránsito de personas y mercancías”, señala la respuesta oficial entregada a la COB.
En lo que refiere a la soberanía económica, el nivel central ratificó de forma plena que no impulsará políticas de privatización de empresas públicas estratégicas ni concesiones encubiertas de recursos naturales. Para atender la demanda de la distribución 50/50 de los recursos estatales, el Gobierno propuso estructurar de inmediato una mesa técnica de pacto fiscal articulada con los gobiernos autónomos departamentales y municipales.
Sobre las denuncias que vinculan al asesor extranjero Fernando Cerimedo, el documento aclara que toda denuncia penal o administrativa será derivada formalmente ante las instancias competentes de fiscalización e investigación. Asimismo, el Estado garantizó el respaldo logístico para que comisiones mixtas indaguen los bullados casos de narcotráfico denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”.
Finalmente, en el área de la seguridad social, el Gobierno aceptó conformar una comisión técnica específica para evaluar las modificaciones a la Ley de Pensiones con el fin de viabilizar una jubilación equivalente al 100% para los sectores laborales. Sin embargo, las autoridades puntualizaron de manera enfática que todo análisis económico deberá regirse estrictamente bajo criterios de sostenibilidad y estabilidad financiera del Estado.
