PERIÓDICO CONTRAPARTE / Bolivia, 1 de junio de 2026

Un adverso panorama legislativo enfrentó la propuesta de viabilizar un proceso de consulta popular orientado a interrumpir las funciones del primer mandatario del Estado, Rodrigo Paz. Representantes de las diferentes fuerzas con presencia parlamentaria manifestaron su desacuerdo con la iniciativa, argumentando de manera conjunta la necesidad imperiosa de ceñirse a los lineamientos establecidos por la normativa constitucional vigente.

La iniciativa cuestionada partió del asambleísta Carlos Alarcón, representante de la Alianza Unidad, quien hizo pública su intención de promover este mecanismo de control ciudadano. La fisonomía del proyecto pretendía aplicar la medida no solamente a la máxima autoridad del país y al vicepresidente, sino también hacerla extensiva a la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, abarcando tanto a titulares como a suplentes.

Los alcances temporales expuestos por el proyectista determinaban que una eventual ratificación de las autoridades en sus cargos prolongaría sus funciones institucionales hasta la gestión 2030. En contraposición, si el veredicto en las urnas resultaba negativo para los gobernantes, se tendría que organizar un nuevo proceso electoral general en un lapso máximo de cinco meses posteriores a la votación.

La respuesta negativa al planteamiento surgió incluso desde el seno de su propio frente de alianza. El parlamentario Juan del Granado expresó de forma abierta su desacuerdo con cualquier postulación que contravenga las disposiciones de la Carta Magna, y puntualizó que la administración estatal debe abocarse de manera prioritaria a disipar la conflictividad y atender las demandas regionales desatendidas.

En esa misma línea, el diputado Daniel Fernández se sumó a las objeciones institucionales, remarcando que el foco de atención pública no debe desviarse hacia dinámicas de carácter electoral cuando existen urgencias cotidianas desatendidas. El legislador manifestó de manera textual que, ante el escenario actual, “la prioridad es el combustible, el tema de la canasta familiar, el tema de la salud, el tema de la educación”.