4 de febrero de 2024
En un movimiento estratégico, Comunidad Ciudadana (CC) coloca sus fichas en dos cartas fundamentales: la Ley de Elecciones Judiciales y la Ley de Cesación de Funciones para los magistrados del Órgano Judicial prorrogados. El diputado Carlos Alarcón subraya que el éxito de ambas legislaciones es crucial para asegurar que los magistrados abandonen sus funciones, como lo estipula la Constitución.
Según Alarcón, el compromiso adquirido implica que, de aprobarse la Ley de Elecciones Judiciales, la próxima sesión abordará la Ley 075, que contempla la cesación de funciones para magistrados y consejeros que se han ‘autoprorrogado’. «Con la ley de cesación de los prorrogados, en el caso de que se apruebe por mayoría en ambas cámaras, los magistrados tienen que irse a su casa como lo manda la Constitución. Y eso es lo que va a dar garantía de que se realicen las elecciones (judiciales)», explicó el legislador.
El diputado enfatizó que la falta de acuerdo podría haber llevado a una prórroga de dos años más para los magistrados, lo cual considera la principal apuesta del Gobierno. Destacó que la convocatoria a elecciones judiciales busca no solo viabilizar el proceso electoral sino también garantizar que los magistrados prorrogados abandonen sus funciones, lo que debería ser una señal para los sectores sociales vinculados al evismo que promueven bloqueos en las rutas.
Alarcón argumentó que todos los actos de los magistrados prorrogados son nulos, y aquellos afectados por sus decisiones deberán recurrir a las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular. «Serán los nuevos magistrados, elegidos conforme manda la Constitución, los que tendrán que revisar estos actos de los usurpadores a pedido de todo aquel litigante que se considere afectado por estas decisiones», concluyó el parlamentario.
