Durante una extensa audiencia cautelar desarrollada este viernes, la defensa del expresidente Luis Arce Catacora solicitó su libertad pura y simple, argumentando la presunción de inocencia, su condición de adulto mayor y un delicado estado de salud que según afirmaron requiere atención médica permanente.

Los abogados señalaron ante la autoridad judicial que Arce se compromete a presentarse a todos los actos investigativos que determine el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional, invocando el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, enfatizaron que la Ley del Adulto Mayor obliga al Estado a garantizar una atención integral en salud, más aún cuando se trata de una persona con diagnóstico oncológico.

En respaldo a su solicitud, la defensa presentó un informe médico que acredita que el exmandatario se encuentra en tratamiento constante, razón por la cual consideran que la detención preventiva vulneraría derechos fundamentales.

La Fiscalía, por su parte, rechazó estos argumentos y solicitó tres meses de detención preventiva en el Centro de Reinserción Qalauma, alegando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. Según el Ministerio Público, existen elementos suficientes que vinculan a Arce con el presunto desvío de recursos del Fondo Indígena hacia cuentas particulares.

El exmandatario es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en relación con hechos ocurridos cuando ejercía como ministro de Economía y formaba parte del directorio responsable del manejo del Fondioc.

Arce pasó su segunda noche consecutiva en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), luego de ser aprehendido el miércoles en un operativo realizado en la zona de Sopocachi. La audiencia, que se inició al mediodía y se extendió más allá de las 16:30, quedó en cuarto intermedio a la espera de que la autoridad judicial defina su situación jurídica.

La decisión que se adopte no solo marcará el futuro inmediato del exmandatario, sino que también pondrá a prueba la coherencia del sistema judicial frente a uno de los casos de presunta corrupción más emblemáticos del país.