La Cámara de Diputados aprobó este martes, por más de dos tercios, la abrogación de la Ley de Estados de Excepción, en una sesión virtual marcada por la tensión política y los conflictos sociales que atraviesa el país, cuando ya se cumplen 26 días de bloqueos en distintas regiones.

Tras la votación, la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación, en medio de un intenso debate entre legisladores que respaldaron y rechazaron la medida.

Durante la sesión, parlamentarios oficialistas y opositores coincidieron en que la situación actual exige respuestas políticas urgentes, aunque las posiciones fueron divididas sobre el alcance de la abrogación.

Algunos legisladores señalaron que la norma representaba un mecanismo de control frente a posibles excesos del poder Ejecutivo durante situaciones de conflicto, mientras otros advirtieron que eliminar completamente la ley podría generar riesgos legales e institucionales.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, sostuvo que el país necesita medidas firmes frente a los hechos de violencia registrados en las movilizaciones.

“La protesta y la huelga están garantizadas, pero no podemos tolerar actos violentos ni agresiones contra policías, militares o ciudadanos”, manifestó durante su intervención.

Por su parte, la diputada del PDC, Milka Rojas, alertó que la abrogación total de la ley podría traer consecuencias jurídicas y propuso analizar la derogación parcial de algunos artículos en lugar de eliminar completamente la normativa.

En la misma línea, la diputada Sonia Siñani afirmó que la medida podría incrementar la tensión social y cuestionó que se impulse la abrogación en medio del actual escenario de conflictividad.

La Ley de Estados de Excepción regula los procedimientos y límites para que el presidente del Estado pueda declarar esta medida en casos de grave peligro para la seguridad del país, conflictos internos o desastres naturales, conforme establece la Constitución Política del Estado.

Según legisladores que respaldaron la abrogación, la norma funcionaba como un “candado legal” para evitar posibles excesos en la aplicación de medidas extraordinarias durante crisis sociales.

La sesión se realizó de manera virtual debido a los conflictos y movilizaciones que persisten en la sede de Gobierno, situación que mantiene preocupación por el abastecimiento, la seguridad y la circulación en varias regiones del país.