El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se pronunció ante las recientes publicaciones relacionadas con su patrimonio y aseguró que cualquier cuestionamiento debe sustentarse en documentación verificable y registros oficiales.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la autoridad explicó que durante la jornada personas enviadas por un medio de comunicación acudieron hasta un domicilio particular y realizaron filmaciones de su vehículo, además de formular nuevas insinuaciones sobre su patrimonio.
Espinoza sostuvo que la presencia de un vehículo en un determinado inmueble no acredita la propiedad del lugar y señaló que la titularidad de cualquier bien puede ser comprobada mediante los registros públicos correspondientes. En ese sentido, cuestionó que se formulen acusaciones patrimoniales sin una verificación previa.
El ministro también se refirió a una observación relacionada con la adquisición de su vehículo, afirmando que esta situación estaría siendo utilizada para ampliar cuestionamientos hacia aspectos personales y familiares y, según indicó, instalar una narrativa de desprestigio.
En el mismo comunicado, Espinoza informó que Junior Arias mantuvo numerosos contratos con el Estado durante el anterior gobierno de Luis Arce y que actualmente existe un reclamo pendiente de resolución por aproximadamente Bs 3 millones, relacionado con contrataciones de esa gestión.
La autoridad señaló que, al tratarse de una contratación realizada por una administración anterior y que involucra recursos públicos, corresponde realizar una revisión de la legalidad del procedimiento, el respaldo contractual, el cumplimiento efectivo de los servicios y la procedencia del monto reclamado.
En ese marco, anunció que los antecedentes serán sometidos a una revisión técnica, jurídica y administrativa, incluyendo las auditorías que correspondan, antes de autorizar cualquier desembolso con recursos del Estado.
Espinoza aclaró que esta revisión responde a sus obligaciones legales e institucionales y negó que constituya una represalia contra periodistas o medios de comunicación. Afirmó que su objetivo es garantizar que todo pago reclamado al Estado cuente con respaldo suficiente y se ajuste a la normativa vigente.
Finalmente, el ministro manifestó que no ingresará en confrontaciones personales ni responderá a especulaciones, y aseguró que cualquier acusación será aclarada mediante información verificable y documentación. Asimismo, reafirmó su compromiso de proteger los recursos públicos y ejercer sus funciones con transparencia y apego a la ley.
