El expresidente boliviano Evo Morales fue denunciado ante la Justicia argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato (2006-2019). La presentación fue realizada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y otras organizaciones, y se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves contra los derechos humanos aunque no hayan ocurrido en el país.

La demanda incluye acusaciones de masacres, torturas, persecuciones políticas y uso del sistema judicial como herramienta de represión. Se citan casos emblemáticos como el “Caso Terrorismo 1”, el encarcelamiento de Marco Antonio Aramayo y la persecución al ciudadano alemán Dirk Schmidt, todos marcados por violaciones al debido proceso, condiciones inhumanas de detención y hostigamiento político.

Uno de los pilares del reclamo es la supuesta falta de independencia del sistema judicial boliviano, lo que, según los denunciantes, imposibilita la investigación imparcial de estos hechos en Bolivia. Por ello, apelan a la intervención de los tribunales argentinos, amparados en la Ley 26.200, que incorpora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a la legislación local.

La denuncia se suma a otra causa que se tramita en Argentina contra Morales por presunto abuso de menores, actualmente reactivada por la Cámara Federal. En paralelo, la Justicia argentina también avanza en un expediente contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, evidenciando un creciente uso del principio de jurisdicción universal para perseguir crímenes internacionales desde tribunales nacionales.