La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz, representado por su presidente, Stello Cochamanidis.
El caso también tiene como antecedente una orden de aprehensión emitida el 19 de julio contra Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La solicitud de alerta migratoria se conoce mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los bloqueos que paralizaron distintas regiones del país durante 53 días.



