El Gobierno nacional, junto al presidente Rodrigo Paz Pereira, reveló la existencia de una red criminal internacional dedicada al robo y adulteración de diésel y gasolina destinados a Bolivia, que operaba desde Chile. La estructura ilícita habría causado graves daños al parque automotor y un perjuicio económico estimado en más de 150 millones de dólares.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que la investigación se inició tras múltiples denuncias por fallas en vehículos del transporte público y privado. Las indagaciones establecieron que el combustible era manipulado en ciudades como Arica e Iquique, donde se realizaban trasvases ilegales desde cisternas hacia otros vehículos.

Según la autoridad, el modus operandi consistía en extraer parte del carburante —entre 700 y 1.000 litros por cisterna— y reemplazarlo con una mezcla de agua y aceite usado para simular su apariencia. Este producto adulterado ingresaba posteriormente a Bolivia, afectando directamente a miles de usuarios y generando daños mecánicos.

Las primeras estimaciones señalan que al menos 5.000 cisternas habrían sido utilizadas en esta operación, introduciendo millones de litros de combustible contaminado al país. El Gobierno informó que ya se identificó a varios responsables y que el caso se investiga en coordinación con instancias de Chile, Paraguay y Argentina, con el objetivo de iniciar acciones judiciales y sancionar a los implicados.